La desnaturalización del contrato de obra o servicio determinado.

Las cosas pueden mejorar, y si les damos una oportunidad, suelen hacerlo.

Stephen King.

Nos gustaría exponer, antes de comenzar esta entrada, que el tema que vamos a tratar no tiene ningún fundamento político, es decir, no queremos criticar desde una perspectiva social la reforma laboral que se produjo en el año 2010, sino que, exclusivamente, resaltamos un punto concreto que entendemos que no tiene la naturaleza jurídica apropiada.

A modo de semejanza, podríamos asociar este tema a una acepción que no es acorde a la palabra que pretende definir.

Así pues, esta entrada pretende criticar desde el punto de vista jurídico-técnico la “actual” naturaleza del contrato de obra o servicio determinado.

Planteamiento.

Este tipo de contrato está catalogado en el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores. Expone lo siguiente: “Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea de duración incierta”.

El punto que creemos es contrario a la naturaleza de este precepto se expone a continuación: “Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa”.

Se produce así una transformación automática de una clase a otra clase de contrato que se contraponen de manera sustancial debido a que el primero de éstos tiene una duración temporal porque su objeto es determinado; y el segundo es indefinido porque, entendemos, el elemento objetivo del trabajo es acorde al proceso productivo continuado por la empresa (pensemos en un restaurante: su labor principal es la elaboración de comida para satisfacer a los clientes, luego entendemos que los cocineros forman parte del ciclo productivo).

Crítica.

Planteémonos esta cuestión como punto de partida: Supongamos que tenemos una empresa que se dedica a la reparación de ordenadores. Resulta que tenemos contratada como cliente a una gran empresa durante un período de 5 años. Para nosotros poder brindar tales servicios, por sus grandes dimensiones, debemos contratar con anterioridad a un personal dedicado a recibir los eventuales problemas de dicha empresa-cliente, luego el período de tiempo será similar, 5 años[1]. Si, como hemos explicado con anterioridad, esos contratos se transforman automáticamente en fijos ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores? Tanto los trabajadores como la empresa conocían perfectamente, así lo expresan sus contratos, que la ejecución de estos servicios era limitada en el tiempo, y después de ello su contrato se iba a extinguir por concluir el objeto del mismo. Desde luego, la ley establece el procedimiento a seguir, pero está totalmente desnaturalizado, es decir, en vez de concluir el trabajo efectuado[2], resulta que, tras los cinco años de contrato de duración determinada, por ley, tendremos que despedir a los trabajadores[3].

Esta reforma atenta contra los elementos esenciales de los contratos ya que el objeto que se persigue, siguiendo con nuestro anterior ejemplo, es procurar durante el período convenido atender los servicios de nuestro cliente; nuestros empleados de duración determinada han sido contratadas con el fin de satisfacer a dicha empresa[4].

Así pues, el objeto del contrato es, según nuestra mejor doctrina, “el propósito de alcanzar un determinado resultado empírico con el negocio”[5] que se materializa, en el contrato de obra o servicio determinado, en saber [el trabajador] atender durante el período convenido las funciones que se le han sido encargadas[6].

Conclusión.

En primer lugar, comprendemos el fundamento en el cual se basó el legislador de 2010 para la modificación del contrato de obra o servicio determinado. Su objetivo no fue sino conseguir evitar en la práctica el fraude de ley que, con tanta asiduidad, cometían las empresas[7].

Antes de esta reforma, la cantidad de modificaciones de contrato de obra o servicio determinado a fijos que se producían era producto gracias a la intervención de la Inspección de Trabajo por, como hemos acordado, haber sido utilizado de forma abusiva con el fin de desprenderse sin mayor coste del trabajador, por supuesto también sin haber tenido en cuenta su verdadera causa[8].

Pero lo que el legislador ha conseguido también es la destrucción del objeto del mismo, por lo cual, entendemos, que no debería denominarse así. Políticamente, es aceptable la reforma laboral; jurídicamente hablando, como hemos aducido, no merece tal consideración.

Entonces, entendemos finalmente la reforma llevada a cabo en el 2010. Pero su denominación debería ser planteada a debate para así conseguir una mayor efectividad jurídico-técnica, es decir, el nombre del contrato que lleva aparejado no debe considerarse como “de obra o servicio determinado”.

[1] Téngase en cuenta que el Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center amplia un año más lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: “las empresas podrán concertar contratos de esta modalidad contractual por un período máximo de cuatro años” (13.a)).

[2] La ley, al convertir el contrato de obra o servicio determinado en fijo tras concluir los plazos establecidos, consecuentemente, convierte la naturaleza de la extinción del primer contrato en otra distinta. Así, sintetizando, en función de la plantilla de trabajadores que concurran en nuestra empresa, el despido será objetivo o colectivo estableciendo las correspondientes indemnizaciones.

[3] Conllevando exactamente a indemnizar a cada a uno de ellos a veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades (ver art. 53.1.b)).

[4] El ejemplo que hemos preparado como inicio de la crítica no es baladí. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (21 de abril de 1988 y 19 de marzo de 2002) establece de manera tajante que “la actividad que en el ciclo productivo responde a la normal o permanente de la empresa, debe ser atendida por trabajadores fijos, porque lo esencial en la naturaleza de este contrato es que la obra debe presentar sustantividad o autonomía dentro de la empresa”. Hemos tenido en cuenta el último inciso del artículo 15.1a) “Los Convenios Colectivos Sectoriales […] podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza”. El Convenio colectivo sectorial estatal del Contact center así lo identifica en su art. 13.a).

La doctrina define como <<ciclo productivo>> “[el] conjunto de operaciones o labores que son inherentes a la producción de los bienes o los servicios que la empresa se propone colocar en el mercado” (Varios autores., Derecho del Trabajo., Tecnos, 25ª ed. 2016, Madrid, p. 247). Es por ello que el contact center es una parte fundamental para el desarrollo de servicio entre empresas.

[5] Díez-Picazo, L y Gullón, A., Sistema de Derecho Civil. Volumen II (Tomo 1) El contrato en general. La relación obligatoria., Tecnos. 10ª. 2013. Madrid, p. 38.

[6] La obra o servicio determinado quede debidamente identificado (STSJ País Vasco 23/11/04).

[7] Así reza la exposición de motivos de la Ley 35/2010: “Entre las medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratación cabe destacar las dirigidas a establecer un límite temporal máximo en los contratos para obra o servicio determinado, límite a partir del cual ha de considerarse que las tareas contratadas tienen naturaleza permanente y han de ser objeto de una contratación indefinida”.

[8] El art. 7.2 LISOS: “Son infracciones graves: La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley […]”. Así, La Dirección de La Inspección de Trabajo y Seg. Social establece las medidas derivadas de la actuación inspectora con el requerimiento de conversión del contrato temporal irregular en indefinido, con los preceptos infringidos (7.2 y 39.2 LISOS), más la no concurrencia de causa legitimadora, en este caso, el incumplimiento del art. 15.1 a) ET junto con art.2RD 2720/1998.

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_95_Anexos.pdf

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