La Constitución se somete a examen

Introducción:

La reforma de la Constitución es un tema candente en los tiempos que corren no sólo porque los partidos políticos no paran de decir que esta Constitución está muerta y que los ciudadanos de a pie, nosotros, hayamos, a través de su frecuencia, grabado ese mensaje y, por consiguiente, lo soltemos como papagayos sino porque, actualmente, los ciudadanos, en vista de la corruptela que hay en la política y en el caciquismo y el inmovilismo que genera ésta, quieren “más democracia”. No me refiero al precepto constitucional que expresa que España es un estado democrático[1], sino que a raíz de lo expuesto más arriba, el pueblo quiere participar más en la vida política, ser más soberano de España que antes, blindar los llamados “Derechos Fundamentales”, e incluso reorganizar el territorio español de una forma más estructurada que la que da la Norma Suprema.

Personalmente, el tema de la reforma Constitucional me empezó a interesar hace un año, cuando yo cursaba mi primer año del Grado de Derecho. Recuerdo la clase en Derecho Constitucional I en la que el profesor nos preguntó qué habría que incluir en nuestra “nueva” Constitución.  Creo que todos dimos una serie de ideas básicas para su constitución pero el profesor, tras nosotros acabar de “reformarla”, nos preguntó si algunos puntos, que desde luego son importantes como la Organización Territorial[2], deberían estar incluidos también. En fin, comprendí que para reformar la Constitución lo primero es leérsela, o por lo menos los Títulos que la desarrollan.

Lo que quiero decir antes de empezar a comentar las posibles reformas –o las más polémicas, en su caso- de la Constitución es que la leáis y os enteréis en primera persona, para poder así sacar vuestras opiniones, qué es lo que se debe modificar, derogar o añadir.

En este caso, a raíz de los medios, de los comentarios doctrinales y mi lectura personal de la Constitución, yo señalo tres grandes temas que requieren cierta importancia para su mejora. Ya observáis que yo no hablo de constituir una nueva ni nada parecido, hablo de mejorarla a los tiempos actuales.

¿Qué ocurre en nuestra Constitución?

Nuestra Norma Suprema es quizá muy extensa en comparación con el resto de los países de la UE[3] lo que hace que se encargue de manejar ciertos temas que probablemente hoy día deberían ser encargados a través Ley Orgánica.

También tenemos como mentalidad el cambiar la Constitución esporádicamente y no volverla a tocar hasta dentro de veinte años. Hay que pensar que la Constitución Española se ha modificado dos veces desde que nació en 1978: Una por la adhesión a formar parte de la UE (Tratado de Maastricht[4]) y otra por la reforma del famoso artículo 135 que en mi humilde opinión ese precepto ya está obsoleto. Creo que no pasa nada por innovar en nuestra Constitución y adaptarla cuando los tiempos lo pidan. No digo que debamos modificarla setenta veces cada año como ocurre en México, pero sí que cada cierto tiempo haya una revisión tanto doctrinal como jurisprudencial[5].

En este caso, hemos sido todos los españoles los que salimos a la calle y hablamos de una reforma constitucional, o incluso constituir una nueva. Al igual que el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Torres Muro y José Antonio Alonso de Antonio, titular de Derecho Constitucional de la misma casa, pienso que se debería tomar este tema con más calma y con más delicadeza y tratar a la Constitución como lo que es porque todo el mundo pide cambio, pero nadie da ideas claras, ni crea enmiendas ni nada por el estilo.

Temas a reformar:

A lo largo de estos dos años he estado leyendo y escuchando críticas de manera común a ciertas instituciones que la misma Norma Suprema menciona. Temas como el Consejo General del Poder Judicial, la Organización Territorial, las Cortes Generales o incluso el medio ambiente.

Fue hace unos días cuando estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid en la Conferencia acerca del tema que estoy tratando: “El País con la Constitución”[6]. Fue Don Juan Luis Cebrián[7] quién abrió el debate, seguido por Antonio Rovira[8], y mencionó la “muerte de nuestra Constitución” y sus posibles reformas.

Todo esto me ha llevado a opinar sobre qué cambios necesita nuestra Constitución para seguir funcionando con correcta eficiencia.

El asunto acerca de La Corona no lo mencionaré porque, aunque sea necesaria una reforma de la sucesión, aún queda tiempo para que la Infanta Leonor cumpla los 18 años. Tampoco hablaré de un supuesto referéndum acerca de si se quiere Monarquía o República. Creo que eso se debería haber hecho, al igual que dice un buen amigo mío, cuando SM el Rey Juan Carlos abdicó sobre su hijo. Yo soy monárquico, pero también soy partidario de que se elija de qué manera debe haber un Jefe de Estado.

En cuanto al tema del Medio Ambiente tampoco hablaré sobre ello debido a que ya profundicé en su momento por lo que me remito a lo que escribí en mi primer artículo[9].

 

El Poder Judicial:

Está situado en el Título VI de nuestra Constitución. Como bien decía Montesquieu, en su libro “Del Origen de las Leyes” sobre la división de poderes, el Poder Judicial es un órgano independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo. ¿Quién se encarga de que este poder sea independiente? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lo que ocurre es que este órgano está “politizado”. Politizado en el sentido que son los Parlamentarios (Diputados y Senadores) quienes eligen a los miembros que forman el CGPJ[10],[11],[12].

Hay quien está totalmente en contra de la existencia de este CGPJ como el profesor Torres Muro[13]. En cambio, el profesor Jaime Vegas, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Rey Juan Carlos considera que debería haber un ajuste proporcional designado por todos los grupos parlamentarios consiguiendo así una representación pluralizada sin que haya un monopolio o un duopolio partidista.

El profesor Jaime Vegas, desde mi punto de vista, se acerca mucho a la idea que tengo en mente acerca de la modificación de este Órgano Constitucional. Él habla de una representación proporcional en función de los escaños que tenga cada grupo parlamentario, cosa que en el fondo sería una elección indirecta por parte del pueblo español[14].

Yo voy un poco más allá. En mi opinión el CGPJ es un órgano que se encarga de la independencia del Poder Judicial, pero que la política se ha aprovechado de él. Ya era hora de manifestarse ante tal acontecimiento. Yo le daría más significado a la soberanía nacional[15] y modificaría el artículo 122.3 CE expresando que esos 12 Jueces o Magistrados fueran elegidos por sufragio universal, en una lista abierta con circunscripción nacional con un sistema de mayorías similar al del Senado, en vez de que la desarrollara la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Puede ser más complejo de definir, pero es “más democrático”.

En definitiva: ocho a propuesta de las Cortes Generales y doce a propuesta del pueblo español.

Las Cortes Generales:

La Norma Suprema lo desarrolla en el Título III, la cual no regula del todo mal cómo debería funcionar nuestro Poder Legislativo. Digo “no del todo mal” porque en estos treinta y ocho años de Estado Constitucional los tiempos han cambiado y mucho.

-Del Congreso:

Actualmente, la mayoría de nosotros nos preguntamos por qué la circunscripción es provincial[16]. Creo que el señor Cebrián lo explicó muy bien en la conferencia: En la época de los 80´s la gente habitaba con más mayoría que ahora en el sector rural. Es por ello por lo que se le dio en su momento más importancia a la provincia.

Creo que es el momento de modificar la palabra “provincia” del artículo 68.1 de la Constitución y añadir “el territorio español” para así crear solo una única circunscripción como pasa en el caso de las elecciones al parlamento europeo y fomentar de una manera directa la unidad de España.

La configuración que atañe al sistema de listas y al sistema proporcional[17] entiendo, desde mi perspectiva, que debería ser objeto de desarrollo por la Ley Orgánica del Régimen electoral General y no por la Constitución según mantienen algunas personas pertenecientes a diferentes partidos políticos.

-Del Senado:

El Senado es el tema más polémico en cuanto se refiere a la reforma Constitucional. ¿Qué hacer con el Senado? Hay muchas opiniones al respecto: Algunos se desharían del Senado, como, y desde muchas perspectivas, Alberto Ruiz-Gallardón, Rosa Díez, Miguel Ángel Revilla, Juan Carlos Girauta o Marta Rovira[18]; otros, como el profesor Torres Muro, lo mantendrían tal y como está[19] sin tener que decidir sobre leyes estatales trascendentes. Antonio Rovira, en cambio, habla de transformarlo a un sistema parecido al Bundesrat alemán[20].

En mi opinión, coincidiendo en gran parte con el profesor José Antonio Alonso de Antonio[21], el asunto que se refiere a la reforma del Senado comprende muchos puntos de vista: Desde su configuración hasta su sistema de control del Gobierno pasando por la atribución de nuevas competencias.

Con lo referente a su composición, discrepo con Jose Antonio Alonso de Antonio. Yo soy más partidario de fomentar un sistema proporcional referido a los partidos, es decir, que haya pluralidad política en la Cámara Alta y todos lleguen a tener palabra en la misma, aunque ello conlleve una pérdida de proporción en materia de territorialidad[22]. Esta postura coincide la que propone Diego López Garrido[23] [24].

Respecto a las funciones del Senado, podemos destacar, como desarrolla Alonso de Antonio, tres:

En cuanto a su función legislativa, debería ser necesaria la atribución de ciertas competencias en materia de leyes de contenido autonómico[25] denominadas según Eliseo Aja[26] “leyes susceptibles de desarrollo o ejecución por las Comunidades Autónomas. Poniendo algún ejemplo práctico en materia de esta reforma, debería ser el Senado, en mi opinión, quien debiera hacer la primera lectura, o iniciar su tramitación en: Leyes de aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía; Leyes marco, transferencia o delegación, Ley Orgánica de financiación de las CCAA y Leyes de Fondo de Compensación Interterritorial[27].

Siguiendo en la trayectoria de la función legislativa, habría que plantearse la necesidad de igualar las dos Cámaras de Representación conforme a las discrepancias que pudiera haber ya que al final, es el Congreso quién ratifica las enmiendas aprobadas por el Senado a través de una mayoría absoluta; en caso de no haberla se tramita el proyecto de ley original[28]; o, también, quién puede ratificar un proyecto de ley vetado por el Senado mediante mayoría absoluta o, en caso de no haberla, mayoría simple[29]. Esto en realidad quiere decir que hay una depreciación al Senado en base a que se le da al Congreso la posibilidad ratificar el texto que ya aprobó en su momento antes de pasar por el Senado.

Concluyendo con este primer punto en base a sus funciones legislativas, creo que el Senado debería tener la capacidad de vetar o enmendar los proyectos de ley aprobados por el Congreso sin necesidad de volver a ser ratificados por la misma Cámara en materia de leyes de contenido autonómico como se ha dicho previamente.

La función de Control del Senado debe ser materia de revisión Constitucional también. Hay determinadas materias como la investidura, la cuestión de confianza y la moción de censura[30] que deben permanecer sin modificar por criterios representativos proporcionales (Caso Congreso) y no de mayorías (Caso Senado). Sin embargo, en mi opinión, si sería necesario darle a la Cámara Alta más protagonismo en la autorización de Tratados Internacionales tratándose exclusivamente en aquellos casos que afecten a competencias de las Comunidades Autónomas. Así podría llevar a cabo tareas de impulso, seguimiento y control de la política exterior en cuanto se vea implicada la estructura territorial del estado[31].

Siguiendo en la función de control, otra propuesta de revisión que cabría observar sería en su actuación en los casos de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno[32].

La última sugerencia que cabría en las funciones de control del Senado podría ser también la supresión de medidas tomadas por el Gobierno -en los estados de alarma, excepción y sitio[33]– respecto a las Comunidades Autónomas cuando afecte injustamente a sus competencias[34].

Como último punto a destacar, habría que ver la función autonómica del Senado en lo que se refiere a poder establecer una obligación del Gobierno a informar al senado de todas sus actuaciones en el marco de la Unión Europea que afecten a competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.

A modo de concluir con el asunto que atañe a la reforma del Senado, me gustaría decir que antes que eliminarlo, se debería atribuirle más competencias en relación al territorio Autonómico para que así adquiriera el nombre que le otorgó en su día la Constitución.

-De las dos cámaras.

Ahora, me gustaría mencionar un Precepto Constitucional que, en mi opinión, debe ser susceptible de, al menos, de revisión.

El artículo 71de  la Norma Suprema concede una serie de “privilegios” a los parlamentarios de las Cortes Generales. Uno de los privilegios es la inviolabilidad (Artículo 71.1 CE), la cual protege tanto a los Diputados como Senadores de responsabilidad jurídica[35] (que no política) en el manifiesto de sus opiniones[36] [37].

En mi opinión, el precepto susceptible de revisión debería ser el artículo 71.2 de nuestra Constitución. La inmunidad es un “privilegio” conferido por la Constitución caracterizado por afectar a la esfera procesal y generar obstáculos para actuar contra el Parlamentario en sí[38]. Es la forma de evitar ir a juicio de un Parlamentario en el tiempo que está ejerciendo dichas funciones.

Para que un Parlamentario pueda ir a juicio, necesita la autorización de las cámaras. Se le conoce como Suplicatorio. Además, es el Tribunal Supremo el que se encarga de estos asuntos[39] [40].

Aunque la doctrina y la jurisprudencia hayan definido y hayan marcado ciertos “limites” de responsabilidad jurídica, el debate constitucional acerca de este favor que se le hace a los Parlamentarios ha ido creciendo a lo largo de estos años[41]debido a que históricamente sí podrían haber ocurrido maquinaciones y conspiraciones contra Diputados que interesaba “eliminar” de la vida política. En consecuencia, de ello, podría desencadenar inestabilidad democrática. Pero actualmente, en una sociedad constituida, moderna y, viviendo en un Estado Social Democrático y de Derecho no creo, en mi opinión, que sea necesario proteger de esta manera a los Diputados[42].

En mi opinión y para defender los derechos fundamentales como la igualdad de todos y la tutela judicial efectiva yo modificaría este precepto derogando que la competencia es del Tribunal Supremo y añadiendo que pertenece a los juzgados de instrucción[43].

Mantendría, por el contrario, la necesidad de pedir el Suplicatorio a la Cámara respectiva. En este sentido sí que debería haber una seguridad política en el sentido de no poner en peligro el ejercicio de las funciones de nuestros representantes.

 

La organización territorial del Estado.

Como último tema de revisión constitucional planteo la relectura del Título VIII de nuestra celebre Constitución.

Es un tema muy delicado de tratar a la par que discutible. Delicado y discutible desde un punto doctrinal y político: hay autores, catedráticos, profesores que, en principio, hablan de reestructurar, reformar o aclarar la forma en la que se debe llevar a cabo nuestra organización territorial pero que, al fin y al cabo, discuten de qué manera poder hacerlo.

Dicho lo cual, tanto la doctrina administrativa y constitucional como la política, discierne entre tres diferentes formas de estado. Estas formas de estado son: La Confederación, un Estado Federal y un Estado Autonómico o descentralizado.

-Confederación:

Este sistema es muy criticable debido a la ilegitimidad que acarrearía con la unidad de España[44] y su soberanía nacional[45].

Aparte, esta supuesta reforma conllevaría que, a partir de ese momento, las Comunidades Autónomas tuvieran la plena facultad de determinar los medios económicos de los que debe dotarse al Estado.

También privaría al Estado español de su capacidad para ser sujeto efectivo de Derecho Internacional[46].

-Estado Federal:

Actualmente, es un modelo que se está planteando en España debido a la polémica generada por el referéndum consultivo en Cataluña y por las propuestas políticas ulteriores.

Algunos consideran que el Título VIII ha sido una disposición transitoria que debía de ser llenada de contenido a medida que se fueran cumpliendo sus previsiones[47], que sirvió para dar los primeros, pasos para iniciar el cambio de la descentralización política sin precisar dónde acabar[48].

Otros, sin embargo, piensan que el Título VIII presenta rasgos mixtos que comparte entre Estado unitario y Estado federal[49], o como un modesto Estado regional intermedio entre Estado central y Estado federal[50]

Para una reforma al Estado federal, las profesoras de Derecho Constitucional de ICADE[51] proponen seguir un modelo similar al belga[52] en materia territorial. Su Constitución -La Constitución refundida belga- otorga la potestad legislativa exclusiva en materias culturales, educación, asuntos sociales, sanidad, medio ambiente y economía. De acuerdo a los temas internacionales, se le otorga a los Estados federados concluir Tratados internacionales en el ámbito de sus competencias[53]. En definitiva, un modelo territorial abierto dejando en manos del legislador ordinario el establecimiento de los elementos definitivos del sistema.

-Estado autonómico:

Conocido por ser el modelo actual que tenemos en España desde 1978. Es, quizá, el mejor modelo de estado posible que hayamos tenido en la historia de nuestra Nación, pero, posiblemente, ya haya quedado obsoleto. Obsoleto no en la manera de sentir la necesidad de construir o modificar un nuevo modelo de Estado, sino que ciertos preceptos constitucionales que engloban esta materia[54] deberían, como en otras ocasiones he repetido, ser objeto de revisión y, por consiguiente, adaptados a nuestros actuales tiempos.

Yo soy partidario de continuar con un modelo de Estado autonómico ya que, por un lado, tiene que haber algunas materias que, debido a su eficacia y/o comodidad, sean mejor controladas por entes públicas más concretas[55]; y por otro lado que se siga conservando con fuerza la unidad de España y, además, que el Gobierno central se encargue, con efusiva exclusividad, de materias que conlleven un interés común o general[56].

A modo de reformar este Título (concretamente, su capítulo III), soy afín a los principios de reforma de Javier García Fernández (Catedrático Derecho Constitucional UCM)[57].

Muchos artículos de la Constitución que tratan el tema de las Comunidades Autónomas[58], se podría decir que, están anticuados, obsoletos o agotados ya que actualmente no tienen ninguna función para con las Comunidades Autónomas: Hay preceptos constitucionales que se encargan de regular los procedimientos para acceder a la autonomía –de una u otra forma más especial-[59]. Yo creo que, una vez constituidas todas las autonomías, se puede proceder a su “derogación” puesto que, hoy en día, no tienen efecto alguno.

Otro precepto constitucional establece cómo se elaboran los Estatutos de Autonomía[60]: Yo creo que, a pesar de lo que fundamenta el profesor Javier García Fernández, debería conservarse en el caso de tratar una nueva redacción entera y, por supuesto, continuar como reserva de Ley. Añadiría, de acuerdo con el mismo profesor, una disposición que se encargue de regular el supuesto de establecer un Estatuto conjunto entre dos o más Comunidades Autónomas en el caso de que hubiera una fusión entre las Comunidades preexistentes.

Llegando a la cuestión constitucional que regula las competencias pertenecientes a las Comunidades Autónomas y al Estado[61], hay que decir que la doctrina ha llegado a la conclusión de que no es la Constitución quién atribuye a las Comunidades Autónomas las competencias, sino que son éstas las que pueden tener atribuidas competencias distintas con unas y otras[62], obligando a la Administración central a encargarse de asuntos, que aunque sean capaces las Comunidades Autónomas sin óbice alguno de tomar competencia, necesarios para asegurar que los ciudadanos reciban los mismos servicios de los poderes públicos[63].

Hay matices que, aun formando exclusivamente parte de las competencias del Estado, entran en discordancia con las Comunidades Autónomas cuando éstas mismas, en sus Estatutos, crean otras categorías competenciales. Al ser el Tribunal Constitucional quién resuelve estos conflictos[64], siempre se ha posicionado a favor de las Comunidades Autónomas restringiendo, por consiguiente, las funciones del Estado.

Se debería, pues, redactar los artículos que comprenden las competencias en un sentido riguroso y claro (formalmente hablando); y en otro lo que es propio de dirigir técnicamente para una Comunidad Autónoma y lo que es propio para un Estado central (materialmente hablando).

Para acabar con este punto, pienso que sería necesario la inclusión de las Comunidades Autónomas que constituyen España debido a que es un modelo que se sigue en varios países europeos[65] y su fin es dar una seguridad tanto jurídica como política a la Constitución[66].

-Breve mención al Estado centralizado.

El Estado centralizado es un modelo que España deja a un lado en la discusión de la organización territorial. Es un modelo muy general, en mi opinión; hay ciertos temas en los que un Estado centralizado es incapaz de profundizar -mientras que un un sistema federal o autonómico sí es capaz-: no habría suficientes órganos de inspección o control, faltarían recursos u órganos que se encarguen de asuntos locales como funcionarios, más presupuesto…,

Actualmente ningún país en el mundo tiene como modelo un Estado Centralizado debido a la extensión de su territorio y a la especificación que ello conllevaría produciendo, consecuentemente, un trabajo ineficiente en comparación a uno federal

Francia es la excepción debido a la tradición histórica que tiene.

 

Conclusión:

Muchos puntos se han visto tocados a lo largo de este artículo. Creo que es necesario que cada X tiempo sea necesario consultar a sociólogos, juristas, economistas… para poder mejorar nuestra Norma Suprema a los tiempos que corren.

La Constitución se ha de cuidar, se tiene que mantener. En el caso de no actualizarla ni adaptarla, lo que ocurrirá es que, habrá una transformación mediante una vía secundaria: la “mutación constitucional”[67] concurriendo graves problemas prácticos a la hora de entender la constitución según qué tiempo.

Por último, invito a todo el mundo a que se informe acerca de las consecuencias que acarrea reformar la Constitución; que se lea diferentes opiniones sobre qué enmendar para así tener consenso de los temas a regenerar.

A raíz de lo que he leído esta es mi opinión. ¿Y la tuya, cuál es?

[1] Artículo 1.1 de la Constitución Española.

[2] Título VIII de la Constitución Española.

[3] Véase las Constituciones alemana, portuguesa, austríaca, francesa o italiana.

[4] <<La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales>>. http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm

[5] En el caso de cambiar con el paso del tiempo la interpretación que se les da a los preceptos constitucionales como ocurrió en la STC 198/2012 acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario popular contra la reforma del matrimonio homosexual de 2005.

[6]http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886350331/1242692598985/evento/evento/Conferencia_%E2%80%9CEl_Pais_con_la_Constitucion%E2%80%9D_impartida_por_Juan_Luis_Cebrian.htm

[7] Miembro de la Real Academia Española y Presidente del Grupo Prisa.

[8] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

[9] https://onestepbeyondblog.wordpress.com/2016/05/29/conservacion-del-medio-ambiente-como-derecho-fundamental-en-nuestra-constitucion/

[10] En virtud del artículo 122.3 de la Constitución Española que establece que 8 de los 20 vocales serán elegidos cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.

[11] En virtud de lo establecido en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.

[12] La STC 108/1986 establece que es “acorde a las previsiones constitucionales y es cosa que ofrece poca duda”.

[13] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/

[14] Reflexiones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2012.

[15] Artículo 1.2 Constitución Española.

[16] Tal y como dicen los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución.

[17] Véase el artículo 68.3 CE que expresa la “representación proporcional” pero no desarrolla una manera específica.

[18] http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30714353528/senado-reforma-suprimir.html

[19] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/

[20] No es justo LA CATARATA (ASOCIACION LOS LIBROS DE LA CATARATA).

[21] Algunas propuestas para la reforma constitucional, Núm. 2/2005: 359-407.

[22] Esto discriminaría a las CCAA con más población como Andalucía o Cataluña.

[23] Catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

[24] De esta manera propone una modificación del artículo 69 CE: Declarando que haya un mínimo de un Senador en cada CA (Incluyendo Ceuta y Melilla). Compuesto de 180 Senadores designados más los 161 restantes divididos por las 17 CCAA finalizando con añadir el resto de Senadores a las CCAA cuyo resto sea mayor.

[25] Algo similar a lo que en Alemania se conoce como “Leyes Federativas”

[26] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Perspectivas de la reforma constitucional del Senado.

[27] Aquí sería necesaria la reforma de los artículos 74.2, 87.2 y 88 CE.

[28] Artículo 132 del Reglamento del Congreso.

[29] Artículo 90.2 CE.

[30] Artículos 99, 112 y 113 CE.

[31] Habría que plantearse una modificación de los artículos 93 y 94 CE para dar más protagonismo al Senado en los temas referidos.

[32] Con esto, conllevaría una reforma de los artículos 102 CE y 169 RC.

[33] Artículo 116 CE.

[34] Esta sería una facultad muy similar a la que contiene el Bundesrat alemán en la Ley Fundamental de Bonn (Arts. 25, 87 y 91).

[35] “no puedan ser sometidas a procedimiento alguno” (STC 36/1981).

[36] “Libre discusión y decisión parlamentarias” (STC 51/1985).

[37] “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza […] en actos parlamentarios y […] en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario” (STC 243/1988).

[38]  “La inmunidad […] protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que […] se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y se […] altere indebidamente su composición y funcionamiento” (STC 243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985; y SSTC 123 y 124/2001).

[39] En virtud de los artículos 71.3 y 71.4CE. Cierto es que solo tomará asuntos la Sala 2 de los Penal del TS.

[40] El TC sí ha mencionado, sin embargo, que el juez puede investigar de los asuntos que confieren al Parlamentario, pero eso no da a lugar que no deba pedir el Suplicatorio (STC 124/2001).

[41] Así lo dicen Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes junto con Ángeles González Escudero, Letrada de las Cortes <<un presente debatido y cuestionado hasta su más honda raíz>> http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=71&tipo=2

[42] Básicamente porque este aspecto de la Constitución puede menoscabar el ejercicio de los Derechos Fundamentales como la Igualdad (Artículo 14CE) y la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1 CE).

[43] De esta manera, salvaguardamos el derecho fundamental del artículo 14 CE pudiendo, en su caso procesar al parlamentario en más instancias.

[44] Debido a que se produciría la vulneración del artículo 2 de nuestra Constitución rompiendo taxativamente la <<indisoluble unidad de la Nación española>>.

[45] A tenor de lo expuesto por el artículo 1.2 Constitución, habría aquí un problema jurídico-político puesto que conllevaría una reforma completa de los tres poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial.

[46] Al no haber una delimitación territorial, ni una población unida, según explica Martín Ortega Carcelén, como requisitos para ser un Estado (Ortega Carcelén, Martín Derecho Global, Madrid, 2014. págs. 99 y 100).

[47] Cfr. Torres Muro, I., Los Estatutos de Autonomía, Madrid, 1999, pág. 18.

[48] Cfr. Ramón Fernández, Tomás http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/05/-hay-que-reformar-la-constitucion-o-solo-su-titulo-viii-66753.php

[49] Cfr. Solozabal Echeverría, Juan José., Revista de Derecho Poítico UNED nº 13 pág. 15.

[50] Cfr. De burgos, Javier., España por un Estado federal, Barcelona, 1983, pág.13.

[51] Las Constituciones de los quince Estados de la Unión Europea (Textos y comentarios), Madrid,1996, págs. 145 y 146.

[52] Debido a que Bélgica es una Monarquía con un modelo federal.

[53] Artículo 167.1 Constitución de Bélgica <<1. El Rey dirige las relaciones internacionales sin perjuicio de la competencia de las Comunidades y Regiones para regular la cooperación internacional, incluyendo la conclusión de tratados para las materias que correspondan a sus competencias por o en virtud de la Constitución>>.

[54] Recomiendo, para aquellos que no se hayan documentado acerca del funcionamiento de las Comunidades Autónomas, que hagan una profunda lectura del Capítulo III del Título VIII CE.

[55] Los puertos “pequeños”; la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda; intereses culturales autonómicos (todo ello, entre otros, perteneciente ya a las competencias de las CCAA).

[56] Asuntos como las relaciones internacionales, la legislación penal, nacionalidad e inmigración, defensa y fuerzas armadas (todos ellos pertenecientes a las competencias estatales del artículo 149 CE). Añadiría Sanidad y Educación (sin perjuicio de conservar los asuntos en relación a la higiene y en materias culturales a las CCAA).

[57] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxi-los-defectos-del-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/

[58] Concretamente regulado en el Capítulo III del Título VIII.

[59] Artículos 143.2 y 3, 144 y 151 de la Constitución Española (acuerdo de las Diputaciones interesadas u órganos interinsulares, el plazo de reiteración y las funciones más específicas correspondientes autorizadas por las Cortes Generales respectivamente).

[60] Artículo 146 CE <<por una asamblea compuesta de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley>>

[61] Artículos 148 y 149 CE respectivamente.

[62] La doctrina lo trata como <<dificultad de aplicación>>: López Guerra, Luis; Espín, Eduardo; García Morillo, Joaquín; Pérez Tremps, Pablo y Satrústegui, Miguel., Derecho Constitucional, Valencia, 2010 vol. II págs. 279-289.

[63] Mejor conocido como <<Asunción estatutaria de competencias>>: Pérez Royo, Javier., Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2012, 13ª ed., pág 807.

[64] Vid artículo 161.1 c) <<El TC […] es competente para conocer: de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas […]>>.

[65] Preámbulo de la Ley Fundamental de Bonn (Alemania); artículo 2.2 Constitución austríaca; artículos 2-5 Constitución Belga; artículo 131 Constitución italiana y artículo 1 Constitución suiza).

[66] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxiii-que-debe-contener-el-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/

[67] Acerca de las modalidades y efectos de la mutación constitucional, vid. De Vega, Pedro., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, págs. 179-195.


[1] Artículo 1.1 de la Constitución Española.

[2] Título VIII de la Constitución Española.

[3] Véase las Constituciones alemana, portuguesa, austríaca, francesa o italiana.

[4] <<La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales>>.http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm

[5] En el caso de cambiar con el paso del tiempo la interpretación que se les da a los preceptos constitucionales como ocurrió en la STC 198/2012 acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario popular contra la reforma del matrimonio homosexual de 2005.

[6]http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886350331/1242692598985/evento/evento/Conferencia_%E2%80%9CEl_Pais_con_la_Constitucion%E2%80%9D_impartida_por_Juan_Luis_Cebrian.htm

[7] Miembro de la Real Academia Española y Presidente del Grupo Prisa.

[8] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

[9] http://stefan96.blogspot.es/i2015-10/

[10] En virtud del artículo 122.3 de la Constitución Española que establece que 8 de los 20 vocales serán elegidos cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.

[11] En virtud de lo establecido en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.

[12] La STC 108/1986 establece que es “acorde a las previsiones constitucionales y es cosa que ofrece poca duda”.

[13] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/

[14] Reflexiones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2012.

[15] Artículo 1.2 Constitución Española.

[16] Tal y como dicen los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución.

[17] Véase el artículo 68.3 CE que expresa la “representación proporcional” pero no desarrolla una manera específica.

[18] http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30714353528/senado-reforma-suprimir.html

[19] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/

[20] No es justo LA CATARATA (ASOCIACION LOS LIBROS DE LA CATARATA).

[21] Algunas propuestas para la reforma constitucional, Núm. 2/2005: 359-407.

[22] Esto discriminaría a las CCAA con más población como Andalucía o Cataluña.

[23] Catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

[24] De esta manera propone una modificación del artículo 69 CE: Declarando que haya un mínimo de un Senador en cada CA (Incluyendo Ceuta y Melilla). Compuesto de 180 Senadores designados más los 161 restantes divididos por las 17 CCAA finalizando con añadir el resto de Senadores a las CCAA cuyo resto sea mayor.

[25] Algo similar a lo que en Alemania se conoce como “Leyes Federativas”

[26] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Perspectivas de la reforma constitucional del Senado.

[27] Aquí sería necesaria la reforma de los artículos 74.2, 87.2 y 88 CE.

[28] Artículo 132 del Reglamento del Congreso.

[29] Artículo 90.2 CE.

[30] Artículos 99, 112 y 113 CE.

[31] Habría que plantearse una modificación de los artículos 93 y 94 CE para dar más protagonismo al Senado en los temas referidos.

[32] Con esto, conllevaría una reforma de los artículos 102 CE y 169 RC.

[33] Artículo 116 CE.

[34] Esta sería una facultad muy similar a la que contiene el Bundesrat alemán en la Ley Fundamental de Bonn (Arts. 25, 87 y 91).

[35] “no puedan ser sometidas a procedimiento alguno” (STC 36/1981).

[36] “Libre discusión y decisión parlamentarias” (STC 51/1985).

[37] “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza […] en actos parlamentarios y […] en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario” (STC 243/1988).

[38]  “La inmunidad […] protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que […] se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y se […] altere indebidamente su composición y funcionamiento” (STC 243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985; y SSTC 123 y 124/2001).

[39] En virtud de los artículos 71.3 y 71.4CE. Cierto es que solo tomará asuntos la Sala 2 de los Penal del TS.

[40] El TC sí ha mencionado, sin embargo, que el juez puede investigar de los asuntos que confieren al Parlamentario, pero eso no da a lugar que no deba pedir el Suplicatorio (STC 124/2001).

[41] Así lo dicen Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes junto con Ángeles González Escudero, Letrada de las Cortes <<un presente debatido y cuestionado hasta su más honda raíz>>http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=71&tipo=2

[42] Básicamente porque este aspecto de la Constitución puede menoscabar el ejercicio de los Derechos Fundamentales como la Igualdad (Artículo 14CE) y la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1 CE).

[43] De esta manera, salvaguardamos el derecho fundamental del artículo 14 CE pudiendo, en su caso procesar al parlamentario en más instancias.

[44] Debido a que se produciría la vulneración del artículo 2 de nuestra Constitución rompiendo taxativamente la <<indisoluble unidad de la Nación española>>.

[45] A tenor de lo expuesto por el artículo 1.2 Constitución, habría aquí un problema jurídico-político puesto que conllevaría una reforma completa de los tres poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial.

[46] Al no haber una delimitación territorial, ni una población unida, según explica Martín Ortega Carcelén, como requisitos para ser un Estado (Ortega Carcelén, Martín Derecho Global, Madrid, 2014. págs. 99 y 100).

[47] Cfr. Torres Muro, I., Los Estatutos de Autonomía, Madrid, 1999, pág. 18.

[48] Cfr. Ramón Fernández, Tomás http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/05/-hay-que-reformar-la-constitucion-o-solo-su-titulo-viii-66753.php

[49] Cfr. Solozabal Echeverría, Juan José., Revista de Derecho Poítico UNED nº 13 pág. 15.

[50] Cfr. De burgos, Javier., España por un Estado federal, Barcelona, 1983, pág.13.

[51] Las Constituciones de los quince Estados de la Unión Europea (Textos y comentarios), Madrid,1996, págs. 145 y 146.

[52] Debido a que Bélgica es una Monarquía con un modelo federal.

[53] Artículo 167.1 Constitución de Bélgica <<1. El Rey dirige las relaciones internacionales sin perjuicio de la competencia de las Comunidades y Regiones para regular la cooperación internacional, incluyendo la conclusión de tratados para las materias que correspondan a sus competencias por o en virtud de la Constitución>>.

[54] Recomiendo, para aquellos que no se hayan documentado acerca del funcionamiento de las Comunidades Autónomas, que hagan una profunda lectura del Capítulo III del Título VIII CE.

[55] Los puertos “pequeños”; la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda; intereses culturales autonómicos (todo ello, entre otros, perteneciente ya a las competencias de las CCAA).

[56] Asuntos como las relaciones internacionales, la legislación penal, nacionalidad e inmigración, defensa y fuerzas armadas (todos ellos pertenecientes a las competencias estatales del artículo 149 CE). Añadiría Sanidad y Educación (sin perjuicio de conservar los asuntos en relación a la higiene y en materias culturales a las CCAA).

[57] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxi-los-defectos-del-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/

[58] Concretamente regulado en el Capítulo III del Título VIII.

[59] Artículos 143.2 y 3, 144 y 151 de la Constitución Española (acuerdo de las Diputaciones interesadas u órganos interinsulares, el plazo de reiteración y las funciones más específicas correspondientes autorizadas por las Cortes Generales respectivamente).

[60] Artículo 146 CE <<por una asamblea compuesta de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley>>

[61] Artículos 148 y 149 CE respectivamente.

[62] La doctrina lo trata como <<dificultad de aplicación>>: López Guerra, Luis; Espín, Eduardo; García Morillo, Joaquín; Pérez Tremps, Pablo y Satrústegui, Miguel., Derecho Constitucional, Valencia, 2010 vol. II págs. 279-289.

[63] Mejor conocido como <<Asunción estatutaria de competencias>>: Pérez Royo, Javier., Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2012, 13ª ed., pág 807.

[64] Vid artículo 161.1 c) <<El TC […] es competente para conocer: de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas […]>>.

[65] Preámbulo de la Ley Fundamental de Bonn (Alemania); artículo 2.2 Constitución austríaca; artículos 2-5 Constitución Belga; artículo 131 Constitución italiana y artículo 1 Constitución suiza).

[66] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxiii-que-debe-contener-el-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/

[67] Acerca de las modalidades y efectos de la mutación constitucional, vid. De Vega, Pedro., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, págs. 179-195.

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